El ejemplo del abuso de poder

martes, 27 de septiembre de 2011


Un sencillo análisis jurídico de la sentencia dictada por el juez Juan Paredes contra los directivos de diario El Universo, el rotativo como persona jurídica y el exeditor de Opinión de ese medio Emilio Palacio prueba hasta la saciedad que eso fue un simple absurdo jurídico que no se sostiene por ninguna parte, porque en el fondo del asunto es que hay una demanda de un ciudadano que se defendió y cobró como presidente de la República. "Toda sentencia se compone de tres partes: expositiva, considerativa y resolutiva. De las 67 páginas de sentencia, 34 reproducen la querella presentada por el presidente (más del 50% del fallo); y las partes considerativa y expositiva no superan las 10 páginas (de la 57 a la 67). Por tanto, la argumentación jurídica del fallo es deficiente, siendo superada en más del 600% por la simple reproducción de la querella", dice el primer punto. ¿Víctima ciudadano o víctima presidente?, pregunta el análisis. "Ante la opinión pública, Rafael Correa manifestó que su demanda la interpuso apelando a su calidad de ciudadano (…); sin embargo, la sentencia invoca en reiterados momentos la aflicción de las injurias a su cargo de presidente de la República", tanto es así que "la carga argumentativa de la querella se sustenta en la importancia del cargo de presidente de la República y no en la de ciudadano Rafael Vicente Correa Delgado". "La sentencia extiende a nivel de coautor la participación del directorio de diario El Universo y de la persona jurídica El Universo, es decir, de personas naturales y jurídicas. La sentencia revive, de este modo, el causalismo jurídico superado en la moderna dogmática penal, al hacer responsable al directorio y a la persona jurídica de la injuria proferida en el artículo de Palacio", sigue el análisis. La teoría de la autoría coadyuvante es el tema que más llama la atención a María Paula Romo y Norman Wray. "Con el antecedente de esta sentencia, si un ministro comete peculado, ¿será el presidente autor coadyuvante porque de no haberlo nombrado no se habrían dado las condiciones para que cometa el delito? ¿Será que otros accionistas de medios de comunicación se convierten, gracias a esta sentencia, en los primeros censores y evitan así las publicaciones que pudieran acarrear no solo conflictos sino su quiebra?". Con estos antecedentes, un caso que según Romo y Wray se pudo haber convertido en el centro del debate sobre los derechos, el papel de la prensa, los límites democráticos de la libertad de expresión. "Lamentablemente, la desproporción de lo solicitado ($80 millones, que se bajaron a $40 millones) y lo absurdo de lo resuelto convirtió el caso en un ejemplo del abuso del poder".

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